1.1 ANTECEDENTES
MAPAS CONCEPTUALES
1.2 TRANSPARENCIA
1.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
1.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1.5 MARCO LEGAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
1.6 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Dentro de los organismos garantes encontramos:
- INAI (En el ámbito Federal)
El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos
derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de
protección de datos personales.
Para el primero, garantiza que
cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física,
moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te
entregue la información pública que solicites.
Para el segundo, garantiza
el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona
tiene con respecto a su información.
- ITAIGro (En el Ámbito Estatal "Guerrero") Es importante señalar que este órgano garante cambiará de nombre de acuerdo al estado que corresponda, por ejemplo; ITEA (Aguascalientes), COTAPEC (Campeche), IAIP (Chiapas), por mencionar algunos.
El Instituto es
un organismo público dotado de autonomía constitucional, especializado,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, imparcial, colegiado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía operativa,
técnica, de decisión, gestión y administrativa, con capacidad para decidir
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable
de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, en los
términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley General y
esta Ley (207). Con competencia en el Estado de Guerrero.
ANÁLISIS DEL VÍDEO SOBRE LOS NIVELES DE TRANSPARENCIA
Resulta
alarmante el nivel de corrupción de nuestro país tan solo en 2017 y la
comparación con otros países que cuentan con un índice muy bajo de corrupción;
si bien es cierto, la legislación mexicana impone consecuencias para los actos
de corrupción, desafortunadamente son muchos ordenamientos los que se quedan en
el aire, permitiendo la ausencia de un estado de derecho.
En
el video se muestran comentarios de un presidente, diciendo que la corrupción
es un problema cultural, y pareciera que esta es la forma en la que nos da a
entender que no puede hacer nada al respecto; sin embargo, tengo la idea de que
el ejecutivo federal que resultó electo en las pasadas elecciones dará un gran
paso en la lucha constante con la corrupción, y si en su sexenio no llegara a
disminuir el índice tan ato de corrupción, estoy seguro de que cimentará las
bases para que México esté al mismo nivel de los países en los que la
corrupción por parte de sus servidores públicos ha sido reducida
considerablemente.
Fundamentos de la transparencia.
La transparencia ha experimentado
un conjunto de procesos que combinan relaciones tensas entre opacidad y
publicidad; secreto y noticia, súbditos y ciudadanos; claroscuros y luces;
centralismo burocrático y libertades individuales y colectivas; privilegios e
igualdad que dan cuenta de cómo el poder público se diseña e implementa con la
intervención de actores, organismos, estrategias, tiempos y objetivos
puntuales. Estas dicotomías[1] han estado y están
presentes en diferentes grados de impacto en la ruta que conlleva a fortalecer
la transparencia como una política pública. Esto significa que la
democratización del poder en razón de su distribución, apertura y
accesibilidad, no son acciones ni procesos mecánicos, sino que forman parte de
luchas, presiones, demandas y respuestas que se conjugan para dar vida al
avance de las sociedades modernas.
La transparencia se inscribe en
la lógica de las tendencias democráticas que apuntan a que el poder sea más
público y, en consecuencia, más responsable ante el motivo central de su
existencia: los ciudadanos.
La naturaleza del poder en
sustantivo, sobre todo del Estado moderno, se caracteriza porque alude a las
categorías como imperium y dominación,
lo cual indica que se trata de un poder que se constituye para ordenar, imponer
y ser obedecido, a fin de evitar que los individualismos egoístas se impongan
en la vida asociada con ventajas para unos y desventajas para otros.
Imperium alude a condiciones en
las cuales existen normas y reglas que tienen que cumplirse en tanto
imperativos que buscan asegurar formas y modos de gobernar, ya que una vez
autorizadas, no queda más que cumplirlas, es decir, alude al carácter
coercitivo del Estado a fin de garantizar el respeto por la autoridad y el
sistema de instituciones que se constituyen para imponer incentivos positivos y
negativos que permitan el goce positivo de las libertades, los derechos y las
obligaciones de las personas que forman parte de la categoría sujetos
jurídicos.
Dominación, por su parte, implica
la capacidad de imponer a los demás la voluntad del poder con probabilidad de
obediencia, y de esa manera asegura que el poder organizado de la sociedad
<que es el Estado<, sea el único que tiene los medios para afirmarlo por
cuanto portador del poder que sostiene los mandamientos del orden público, así
como los procedimientos para hacerlos efectivos (García-Pelayo, 1985:44).
La eficacia del Estado se
relaciona con el modo en que la sociedad desarrolla con regularidad las
actividades productivas y de servicio que son fundamentales para impulsar el
desempeño de la economía, así como la distribución de los bienes y servicios.
Esto significa que todo orden jurídico y político se sustenta no solo en
elementos de legalidad, sino también de legitimidad.
La legalidad deviene en que las
autoridades y los habitantes de la sociedad ciñen sus conductas a lo prescrito
en la normativa, entendida como parte de las reglas del juego que se definen
para proteger el sistema de mandamientos públicos.
Tanto la legalidad como la
legitimidad son atributos del poder democrático y, cuando se corrobora su
vigencia, le confieren mayor grado de aceptación, lo cual equivale también a
que sea reconocido por su capacidad para producir resultados eficaces. De ahí
la importancia de que el poder estatal sea a la vez legal y legítimo, situación
que debe cuidarse en todo momento para evitar que los poderes no estatales
intenten descarrilarlo o ponerlo a prueba con acciones desafiantes.
El modo de gobernar es el campo
en el cual se desarrollan las principales actividades del poder y en ese
sentido, es un conjunto de procesos que apuntan por la existencia funcional de
relaciones de complejidad que se han de gobernar para que el conjunto de la
sociedad no sea dañado cuando se reproducen contratiempos naturales <como
sismos y tsunamis< o artificiales <marchas y protestas<, todos ellos
acontecimientos que impactan de manera diferenciada la regularidad de la
sociedad. El modo de gobernar es el desafío que los Estados enfrentan en la sociedad
contemporánea, dado que se relaciona no solo con su ámbito institucional, sino
con las aptitudes que desarrollan para superar las dificultades que se derivan
de vivir y convivir frente a otros centros de poder.
La coordinación imperativa se
refiere a que una vez que se diseñan los sistemas de acuerdos y compromisos
públicos, éstos se han de cumplir en razón de su espíritu y contenido, lo cual
implica para la autoridad constituida la responsabilidad de hacerlos cumplir
atendiendo a su obligatoriedad. En este caso, la fuerza del Estado se aplica
para evitar que los partidismos, el espíritu corporativista o las posturas
sectoriales traten de imponerse por encima del interés público, punto cardinal
para que las autoridades y los ciudadanos se asuman como los garantes del orden
jurídico y político que se organiza en el Estado.
La formación de los Estados
modernos no implica que sean abiertos y transparentes desde su inicio, dado que
son sistemas orientados a cumplir fines teleológicos que tienen como objetivo
la conquista y retención del poder. Involucrados en estas prácticas, los
secretos sustentan la eficacia del poder a fin de asegurar que las tareas de
gobierno y administración se ejerzan en las mejores condiciones, que
garanticen, sobre todo en las monarquías absolutas, que las fuerzas ofensivas y
defensivas del propio Estado tengan un desenvolvimiento óptimo. La vida del
Estado se rige por intereses objetivos relacionados con su naturaleza y sentido
de operación. Esto significa que el Estado es una creación artificial a la cual
se dota de los medios que posibilitan desenvolverse en ámbitos que tienen otros
poderes y que debe gobernar para hacer viable la dirección de la sociedad.
El secreto se enlaza con la
seguridad del territorio, de la población, de los recursos, bosques, ríos y
montañas, con las tropas disponibles, los planes de acción, las estrategias de
operación y la información que se tiene de otros centros de poder asentados en
la estructura de la sociedad. Los intereses objetivos (Reyes Heroles, 2015:
232-233) del Estado se relacionan con su capacidad de dominio, control,
dirección y coordinación de las fuerzas productivas de la sociedad. Son
intereses que responden a su naturaleza (Reyes Heroles, 2015) la cual se forma
de espacios geográficos, medios, acciones y decisiones que se combinan para
potenciar su vigor como organismo político.
Estos puntos determinantes para
la seguridad de los Estados, también son objeto de archivo y clasificación que
cada país decide para que en algún momento pueda conocerse la información que
se genera en relación con los mismos. El secreto forma parte de los valores,
reglas y prácticas del poder con el fin de retenerlo e incrementarlo con base
en la razón de Estado (Reyes Heroles, 2015: 216-217). Por eso ha tenido y tiene
un lugar en el mundo de las instituciones y se protege con archivos, claves,
nomenclaturas y lenguajes crípticos.
El liberalismo es el medio que
garantiza la vigencia de los derechos del ser humano -libertad, igualdad,
seguridad, propiedad-en escala universal. La libertad de las personas,
entendidas como sujetos jurídicos, es el límite para que el poder estatal no
invada la intimidad ni la privacidad de las personas. El liberalismo también
reconoce los derechos del ciudadano -participación, representación, sufragio
universal-para dar vida al juego del poder. La democracia en este caso, es la
forma de gobierno que permite que el ejercicio del poder no sea perpetuo, sino sujeto a término,
vigilancia y sanciones para evitar su abuso o arbitrariedad. Tiene como ventaja
que la renovación del poder sea de manera pacífica y s obre todo, que los
ciudadanos tengan el derecho de elegir a quiénes serán sus gobernantes, además
de emitir voto de recompensa o voto de castigo tomando en cuenta el desempeño
de las autoridades públicas en su período de gobierno.[2]
El republicanismo proporciona los
fundamentos para que el poder sea público, lo cual implica que los ciudadanos
tienen la opción de acceder a él con base en reglas institucionales que se
definen por medio de negociaciones y acuerdos en la esfera del poder
legislativo. Es en el Estado de derecho (Rabotnikof, 2005) y en las sociedades
democráticas donde la esfera pública y la privada se convierten en pilar de la
convivencia moderna:
La consolidación de una esfera pública frente a otra privada en la vida
de las gentes, su clara diferenciación pero mutua dependencia, fue una de las
principales conquistas de la civilización moderna. Creó un ámbito de intereses
comunes, autoridades compartidas y poderes legítimos, junto a sus espacios,
frente a otro perteneciente a cada cual, inviolable, en el que no cabía
inmiscuirse (Giner, 2011: 1).
Lo público (Rabotnikof, 2005: 28)
alude a una diversidad de actores, movimientos y organizaciones que dan vida al
quehacer colectivo desde diversos foros, aplicando estrategias diversas que
permitan identificar como se forman demandas, se lucha por ellas y como las
soluciona la autoridad constituida. Lo público es un sistema de interacciones,
transacciones y corresponsabilidades que permite rebasar el esquema de las
individualidades y las conductas antisociales para dar paso a la vida de lo
colectivo sobre la base de estructuras, procesos y acciones de carácter
interdependiente, con fundamento político. En consecuencia, “la sociedad que ha
definido una esfera pública y se ha configurado así como privada se proyecta
sobre lo público (en especial sobre el Estado) en forma de opinión pública,
libertad pública o participación en los asuntos públicos” (De Cabo: 1997: 69).
El interior del Estado para fines
de gobierno y administración se integra por un complejo de oficinas
burocráticas que son el apoyo que sustenta las tareas de dirección,
coordinación y evaluación a cargo de las autoridades. El complejo de oficinas
gubernamentales se integra por áreas de asesoría, comités, comisiones,
congresos, comités parlamentarios, consulados, contralorías, gabinetes,
embajadas, juzgados, ministerios y tribunales con atribuciones públicas. Esta
red de oficinas se encarga de dar movimiento institucional y organizativo al
Estado sobre la base de agendas, planes, políticas, tiempos y recursos para
llevar a cabo la preservación del interés público. En este sentido:
Públicas llamamos a aquellas organizaciones que, en contraposición a
sociedades cerradas, son accesibles a todos, del mismo modo que hablamos de
plazas públicas o de casas públicas. Pero ya al hablar de edificios públicos
implica algo más que la alusión a su accesibilidad general; ni siquiera
tendrían por qué estar abiertos al tráfico público; albergan instalaciones del
Estado y ya solo por eso cabría predicar de ellos la publicidad. El Estado es
la administración pública. Debe el atributo de la publicidad a su tarea: cuidar
del bien común, público de todos los ciudadanos (Habermas, 1994: 41-42).
La importancia de la
transparencia en las sociedades democráticas es una tendencia que se ha
reforzado en los últimos 20 años de cara a las exigencias que impone la
sociedad civil contemporánea. Alude su significado al imperativo de que las
instituciones del Estado no provoquen dudas ni desconfianza sobre la forma en
que se archiva y divulga la información público gubernamental, entendida como
parte del patrimonio público al que tienen derecho los ciudadanos en los
espacios públicos modernos.[3]
La postura que sostiene que la
información pública es confidencial y por tanto, no divulgable, pierde terreno
en la medida en que los vientos de la democratización arrecian para evitar que
la operación de los Estados en materia de políticas públicas no sea susceptible
de conocerse y evaluarse desde la sociedad, así como de los diversos foros
públicos que fungen como toma de conciencia sobre lo que hace el Estado. Los
secretos del poder son funcionales con la lógica de la democracia, aunque ésta
tiende por definición a que los asuntos públicos estén a la vista de todos;
situación propia de las sociedades que han eliminado las formas de poder que se
caracterizan por el ejercicio autoritario del mismo y en consecuencia, adoptan
medidas para evitar la irresponsabilidad del Estado:
La transparencia como política pública está asociada a la profundización
democrática, a la buena gobernanza y a la prevención y combate a la corrupción.
Por lo tanto, tales políticas serán consideradas eficientes si contribuyen a
profundizar los niveles de democracia de los países y/o prevenir y combatir la
corrupción (Moreira y Claussen, 2011: 132).
La transparencia abre la
posibilidad a que se conozcan las entrañas del poder, sobre todo las que se
relacionan con el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas
públicas. La edad democrática -pesos, contrapesos, accesibilidad, publicidad
del poder- en las democracias modernas, le confiere un lugar estratégico a la
transparencia en los procesos relacionados con la toma de las decisiones, el
diseño de las políticas públicas, así como los tiempos, modalidades y
estrategias que se adoptan para hacerlas efectivas.[4]
La importancia de la
transparencia en los tiempos de la sociedad contemporánea no solo se
acrecienta, sino que es imperativa para dar cauce a sistemas de comunicación
que favorecen el conocimiento de los archivos gubernamentales por parte de los
ciudadanos. Únicamente los Estados refractarios al cambio social y político se
oponen a la transparencia y al deseo de los ciudadanos para que la gestión
clara de los asuntos comunes sea garantizada:
Si la necesidad organizacional de la gestión documental se comprende y
asimila, entonces será un instrumento también de rendición de cuentas y de
acceso a la información adecuado, endógenamente construido […]. En efecto, en
vez de suponer que la gestión documental es un agregado de la organización
impuesto por la regulación o la ley, ésta se convierte en una maquinaria lógica
y endógena a la organización: sirviendo a la organización y sus tomadores de
decisiones, estará construyendo las bases para servir también las necesidades
de información de los ciudadanos (Arellano y Lepore, 2011: 223).
Los Estados en los que abundan
relaciones de complicidad, cleptocracia, impunidad y privilegio son los
opositores más férreos para que la situación que guardan los asuntos públicos
no sea conocida, como es el caso de Libia, Nigeria, Siria, Somalia y Zaire.
Pero hay casos de opacidad con impacto mundial -como el escándalo de la
Compañía Enron en Estados Unidos de Norteamérica, la situación sobre la
compañía Parmalat, los escándalos de financiamiento relacionados con la
Democracia Cristiana en Alemania, la venta de armas de Argentina a Ecuador y
Croacia, la desconfianza judicial en un juez en España, la guerra sucia en
España, el caso “Provida”, el “Pemexgate” y “Amigos de Fox” en México (Salazar,
2007)- que corroboran la falta de transparencia en el manejo de los asuntos
públicos.
En este sentido, la transparencia
tiene como puntos cardinales la accesibilidad, la evidencia, la visibilidad y
la publicidad, valores que responden a la dinámica del espacio público para que
la información no sea ocultada a los ciudadanos. El sentido de la transparencia
responde a la vigencia de las sociedades abiertas, liberales y democráticas que
han asimilado los valores republicanos de la convivencia y, de ese modo, la
confianza en las instituciones públicas se puede convertir en una tendencia que
favorece la existencia de un poder público al servicio del público ciudadano.[5]
La visión de la transparencia
como política pública, entendida como un curso de acción, inicia con el
reconocimiento de un objetivo público y su necesidad se gesta y da forma donde
hay público, en las organizaciones civiles o en el sector privado interesados
en su proclama. Para ello, hay que ubicarla en la suma de apoyos organizados,
activos y vigorosos que la pregonan hasta convertirla en agenda de gobierno,
que es el momento en que se origina la política pública. De ese modo, las
autoridades proceden a institucionalizarla con base en el juego de intereses y
la correlación de fuerzas que son consustanciales al complejo desarrollo de la
vida democrática.[6]
En las democracias contemporáneas
la categoría información pública denota una valoración amplia y detallada y en
cuanto la utilidad que produce, la convierte en una bien público que por
definición, es accesible y visible a todos los gobernados a través de
capacidades y rendimientos organizacionales. La información pública se ha
convertido en una pieza fundamental tanto para los ciudadanos como para los
dirigentes y administradores del Estado; de ser un conjunto de datos necesarios
para tomar decisiones y otorgar servicios públicos, es ahora núcleo de los
derechos que los ciudadanos tienen a disposición para conocer lo que el poder
público realiza en su representación. Este hecho ha modificado el sentido
institucional de la información al convertirla en materia puntual de derechos,
políticas, responsabilidades y prácticas organizacionales que relacionan el
ámbito público de los ciudadanos con el espacio público del Estado.
La demanda por la transparencia
se asume como materia de debate público hasta formar una atmósfera de
aceptación y legitimidad que suma apoyos para que ingrese a la agenda (Nelson,
1993: 106) de gobierno y reciba en consecuencia tratamiento administrativo,
jurídico, político, presupuestal y organizacional, hasta convertirla en una ley
y en un conjunto de disposiciones que detallan su ejecución y cumplimiento. En
este caso, la transparencia ha recorrido el espacio público de la calle, los
foros y la plaza donde se debate su importancia como política pública, hasta
llegar a convertirse en un conjunto de disposiciones que la valoran con la
categoría de mandato para la autoridad y derecho para los ciudadanos,
definiendo así esferas de responsabilidad para unos y otros en un ejercicio que
fortalece la interacción en los marcos de la democracia contemporánea.
Como valor y práctica de la vida
democrática, la transparencia alude a preferencias que se tienen en la vida
asociada para luchar hasta lograr que se conviertan en política pública, es
decir, en una forma de intervención por parte de la autoridad, con el fin de
asegurar el derecho de acceso a la información de la sociedad hacia el Estado.
El valor de la transparencia se origina con mayor vigor en los ambientes en
favor de la democracia y, en esa medida, ingresa al debate y deliberación
públicos que son las herramientas con las cuales se atienden y resuelven de
manera pacífica los problemas de orden público. La institucionalización de la
transparencia implica procesos de deliberación, acuerdos, consensos y
compromisos para su aprobación y ejecución. De este modo, tiene como base de su
eficacia la racionalidad comunicativa que es producto de los actores, la
sociedad y las autoridades que se entrelazan para elaborar e implementar los
valores y propósitos que la sustentan como una política pública y como modo de
vida tendiente a asegurar una mayor interacción entre los ciudadanos y el
Estado.
La transparencia en la visión,
lógica y práctica del Estado democrático de derecho tiene relevancia mayúscula,
entendida como portadora de valores centrales para la vida colectiva y como
política pública que responde a demandas que se orientan para que el poder no
sea sordo, ciego y omiso. Los valores que concurren a favor de la transparencia
son la apertura, la publicidad y el acceso, los cuales forman parte de la
cultura democrática de las sociedades modernas. En este sentido, la
transparencia se ha convertido en asunto de interés colectivo desde el momento
en que la democratización del poder es una tendencia que caracteriza a la vida
contemporánea. La transparencia es un medio de comunicación entre los
ciudadanos y el Estado que habilita a que estos ingresen al mundo de las reglas
de juego que se han de definir para destacar los procesos que conllevan a que
la información público gubernamental entendida como un bien accesible y
compartido tenga como destinatario al centro del quehacer colectivo que son los
ciudadanos.
[1]
División de un concepto
o una materia teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o
están muy diferenciados entre sí.
[2]
El fin básico que
consideran los liberales para el Estado es el de proporcionar las condiciones
necesarias para que exista el ejercicio de la libertad individual. El Estado
debe existir en cuanto sirva para aumentar la esfera de la libertad de los
ciudadanos y desaparecer en cuanto suponga un obstáculo para la misma” (De
Cabo, 1997: 80).
[3]
“Los ciudadanos tienen
el derecho a hacer el seguimiento de las decisiones de interés público y, tal
como en otras relaciones del tipo principal/agente, existen asimetrías en la
información que definen esa relación” (Moreira y Claussen, 2011:131).
[4]
“La transparencia, ya
sea como política pública autónoma o como medida de auxilio, se ha vuelto común
en todas las democracias contemporáneas. Las medidas y las políticas de
transparencia efectivas, sin embargo, no implican la apertura de datos o la
apertura de todos los datos. Las políticas de transparencia, para que produzcan
los resultados esperados, deben tener un público bien definido y deben
resguardar determinados datos e información” (Moreira y Claussen, 2011:132).
[5]
“En este sentido, en una sociedad democrática
donde se privilegia la justicia, la igualdad, la libertad, la legalidad, la
pluralidad, la tolerancia, la inclusión y el diálogo, resulta incongruente que
prevalezcan organizaciones públicas [...] donde se practiquen antivalores o
creencias de regímenes autoritarios” (Puente, 2011: 170).
[6]
“Es habitual que el
origen de las políticas públicas sea la agenda pública, el conjunto de temas
que son objeto de discusión pública. La agenda es determinada en un proceso
vinculado a la dinámica de relaciones de poder, a las características del
sistema político y al tipo de relaciones existentes entre el Estado y la
sociedad” (Lahera, 2000: 15).
Políticas Públicas de la Transparencia.
Gobernabilidad.
Las Naciones Unidas la definieron
como "el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa
para manejar los asuntos de un país a todos los niveles. Esto abarca los
mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y
los grupos pueden aclarar y expresar sus intereses, ejercer sus derechos
legales, cumplir con sus obligaciones y mediar en sus diferencias".
Accountabillity.
El segundo de los conceptos relacionados
es la palabra inglesa "accountability". La traducción habitual
que en español se le ha dado a este vocablo es "responsabilidad" o
"rendición de cuentas". Pero esta interpretación no refleja
cabalmente la amplitud de la expresión inglesa, cuyo alcance implica "la
responsabilidad fiduciaria de cumplir con las labores especificadas y de rendir
cuentas en forma precisa y oportuna”.
Como última consideración previa
a ensayar una definición posible de esta voz, no resulta ocioso referirnos al
significado literal de la palabra transparencia, que remite a un cuerpo que
permite ver los objetos o deja pasar la luz a través de él. Esta acepción nos
orienta hacia su sentido metafórico: la luz es lo contrario de la oscuridad, y
por ende la transparencia lo es de la corrupción, la que por su propia índole
sólo puede acaecer en penumbras. Es esta relación de contrarios la que ha
habilitado que frecuentemente se utilicen como sinónimos las expresiones políticas de transparencia y
"políticas de prevención" (de la corrupción).
La expresión política de transparencia puede
ser entendida entonces como un conjunto de estrategias y prácticas, basadas
esencialmente en una amplia apertura y disponibilidad de información, que
coadyuvan a la gobernabilidad y a la rendición de cuentas (accountability) en una organización.
Políticas de transparencia.
La expresión políticas de
transparencia puede ser entendida entonces como un conjunto de estrategias y
prácticas, basadas esencialmente en una amplia apertura y disponibilidad de información,
que coadyuvan a la gobernabilidad y a la rendición de cuentas (accountability)
en una organización. Estas políticas procuran instalar la mayor parte de la
información existente (programas y proyectos, proceso de toma de decisiones,
presupuestos, costos, recursos humanos y materiales, procedimientos internos,
resultados obtenidos, etc.) frente a la mirada pública, facilitando los medios
para su verificación, evaluación y seguimiento.
En su sentido amplio, la voz
políticas públicas de transparencia suele utilizarse, como se dijo, como
análoga de la expresión políticas de prevención de la corrupción en un
determinado ámbito social o político.
En este marco, el concepto
vincula de modo cardinal a los poderes del Estado con la sociedad civil y con
el sector privado, por cuanto no se comprende el desarrollo de políticas
públicas completas y eficientes de transparencia sin la participación,
comunicación, deliberación, interacción, supervisión y control de dichos
actores.
Por otro lado, hay autores que conciben
una diferencia entre la transparencia pasiva (poder acceder a la información) y
la transparencia activa (el deber de quien coloca la información o de quien
lidera una organización de actuar proactivamente, comunicando y explicando
todos los aspectos relevantes de su gestión).
ONU: "Manual de Herramientas contra la Corrupción"
La Organización de las Naciones
Unidas fue una de las primeras organizaciones internacionales que recomendó una
serie de políticas públicas de transparencia a través de lo que denominó
"Manual de Medidas Prácticas contra la Corrupción".
Desde comienzos de los años '90
ha venido perfeccionando este Manual, una de cuyas últimas versiones incorpora
como agentes y estrategias de lucha contra la corrupción algunos de los
siguientes elementos:
1. Fortalecimiento y Construcción
Institucional (Agencias Anti-Corrupción; Ombudsman; fortalecimiento del Poder
Judicial y "accountability"; códigos de conducta; Comités de
Integridad Nacional o Comisiones Anti-Corrupción; encuentros de integridad
nacional y para desarrollar planes de acción; fortalecimiento de Gobiernos
Locales).
2. Prevención (declaraciones de
activos y pasivos de funcionarios públicos; creación de una autoridad de
monitoreo internacional para la transparencia de los contratos del sector
público en las transacciones comerciales internacionales; islas de integridad y
pactos de integridad; grupos de coordinación de información: cooperación
anti-corrupción del sector privado, reducción de la complejidad en los
procedimientos y de la discrecionalidad).
3. Toma de conciencia (acceso a
la información; movilización de la sociedad civil a través de la educación
pública y de campañas de toma de conciencia; planes de acción anti-corrupción;
capacitación de la prensa y periodismo de investigación).
Transparencia Internacional (TI): "Libro de Fuentes" (Source
Book):
Este libro, publicado por primera
vez en el año 1996 – y que ya ha sido traducido a más de veinte lenguas,
adaptado a través de distintas versiones a contextos regionales y periódicamente
actualizado – constituye, en palabras de Peter Eigen, un "primer paso en
un camino metódico para asociar a los diversos grupos y actores que en conjunto
forman lo que se puede denominar un sistema nacional de integridad".
Este concepto – Sistemas Nacionales
de Integridad – es uno de los aportes fundamentales que esta organización
mundial ha realizado en el intento por describir qué acciones componen un haz
completo y eficiente de políticas de transparencia.
Un sistema de integridad,
conforme TI, "ha de servir por un lado como una forma práctica de impedir
el daño que la corrupción ocasiona a los intereses públicos y por otro como
medio para estimular un ambiente en el cual se realce la calidad de las
decisiones gubernamentales. En consecuencia, el objetivo no es la rectitud
total o una cura o remedio temporal, sino un aumento de la honestidad o
integridad del gobierno como un todo —enfocar por qué y dónde florece la
corrupción y establecer sistemas y procedimientos específicos para prevenirla y
reprimirla".
Transparencia Internacional
define al Sistema Nacional de Integridad como "el conjunto de elementos
que posibilitan que los distintos componentes del Estado y la sociedad civil se
organicen y actúen con transparencia, eficiencia y eficacia".
Los Sistemas Nacionales de
Integridad se caracterizan por un enfoque interdisciplinario que combina
diversos elementos políticos, económicos, jurídicos, sociológicos y
administrativos. Dada la complejidad del fenómeno de la corrupción, es
necesario elaborar una estrategia integral para luchar en contra del fenómeno a
través de las siguientes acciones:
- Instaurar reformas
administrativas para reducir en lo posible, los conflictos de interés en la
administración pública y controlar los actos de corrupción al interior de ésta.
Es necesario contar con una estructura administrativa pública eficiente
orientada hacia la consecución de objetivos claros y transparentes.
- Aplicar de manera efectiva el
derecho administrativo como elemento común en cualquier sistema de integridad y
la "accountability" en la toma de decisiones;
- Establecer mecanismos adecuados
que ofrezcan a los funcionarios públicos y a los ciudadanos, medios para
denunciar supuestos actos de corrupción y asegurar el control independiente de
los sistemas y procedimientos;
- Apoyar a un poder judicial
independiente, para que sus procedimientos y determinaciones constituyan una
barrera efectiva contra la corrupción. Es necesario un liderazgo político que
exalte los valores éticos públicos y privados, y sustente su aplicación.
- Fortalecer a las Entidades
Superiores de Fiscalización (ESF) con el objetivo de que éstas garanticen la
integridad y el buen manejo de los fondos públicos.
- Establecer oficinas
"independientes" con suficientes recursos y autoridad para que luchen
contra la corrupción.
- Desarrollar un sistema público
de adquisiciones abierto, competitivo y transparente. La existencia de una
economía de mercado regida por reglas de juego claras que se respeten y cumplan
puede colaborar decisivamente en este aspecto.
- Apoyar el desarrollo de Códigos
de Ética y Procedimiento por parte del sector privado, y promover el papel de
medidas disuasivas legales contra las prácticas corruptas. Es necesario
establecer un conjunto de leyes, reglamentos y códigos de conducta adecuados a
las realidades sociales.
- Respaldar el desarrollo de
mecanismos que promuevan la "accountability" y la transparencia en
los procesos democráticos, tales como la supervisión de elecciones, el control
de gastos de los partidos y la asignación de recursos estatales a éstos, entre
otros;
- Fortalecer y orientar a la
sociedad civil para que actúe contra la corrupción y apoye al proceso
democrático. Es necesaria una sociedad cuyos valores sociales, económicos y
políticos – "los hábitos del corazón" mencionados por Alexis de
Tocqueville en La Democracia en América – apoyen la honestidad.
- Garantizar la existencia de una
prensa alerta y libre que ejerza el papel de vigilante público.
- Promover la cooperación
internacional en la lucha contra la corrupción.
Glosario:
1. Corrupción.
Consiste en el abuso del poder
para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y
política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se
produzca.
2. Nepotismo.
Se trata de una forma de
favoritismo, basada en vínculos sociales y familiares, en la que una persona
que ocupa un cargo oficial aprovecha su poder y autoridad para conceder un
empleo o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no sea la persona
más preparada para dicho cargo o tarea.
3. Peculado.
El servidor público que
indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se
refiere el artículo legal sobre el uso indebido de atribuciones y facultades
con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su
superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier
persona.
Apropiaciones de recursos
públicos.
4. Soborno.
Promesa, oferta o entrega de
cualquier beneficio indebido a uno o varios particulares o servidores públicos,
directamente o a través de terceros, a cambio de que realicen o se abstengan de
realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro particular o
servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el
propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio
o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del
resultado obtenido.
5. Cohecho.
Obtener beneficios adicionales a
las contraprestaciones de su labor como servidor público.
Solicitar o recibir ilícitamente
cualquier beneficio para hacer o dejar de hacer un acto propio de su función.
Esto puede incluir intercambio de favores durante el proceso de aprobación del
presupuesto de egresos.
6. Lavado de dinero.
Proceso de ocultar el origen, la
propiedad o el destino del dinero obtenido de manera ilegal o deshonesta en
actividades económicas legítimas para hacerlo parecer legal. Las políticas
específicas para prevenirlo deben establecer acciones o requisitos necesarios para
asegurarse, en la medida de lo posible, que los recursos recibidos de algún
tercero no son de procedencia ilícita. Estas acciones ayudan a proteger a la
empresa en caso de necesitar explicar alguna transacción ante las autoridades.
7. Paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal es una zona
geográfica, normalmente un Estado, cuyo régimen tributario impone unas cargas
fiscales mucho más bajas en comparación al resto del mundo.
La existencia de paraísos
fiscales se debe a que el régimen tributario existente en estos lugares está
hecho de modo que pueda favorecer a los no residentes. Esto hace que gran
número de personas o compañías tomen la decisión de establecer allí su
domicilio fiscal legalmente. En ocasiones, ni siquiera viven en estos sitios
pese a haber hecho estos trámites.
8. Gobernabilidad. (Accountability)
Se refiere semánticamente a la
capacidad de ser gobernable y conceptualmente a la relación que se manifiesta
cuando existe un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político
derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de
atender éstas de forma eficaz, estable y legítima.
El nuevo patrón de gobernabilidad
requiere redefinir el rol del Estado, las funciones que ejerce toda Institución
en un modelo de gestión y profesionalización de la burocracia estratégica. Los
mecanismos multidimensionales – “accountability”, permiten elecciones
periódicas de poder político con una operatización de mecanismos fiscalizadores
durante el mandato, medidas de control y sanciones para los que no cumplen con
la normativa prevista.
9. Opacidad.
Falta de claridad o
transparencia, especialmente en la gestión pública.
10. Transparencia.
Es el deber de todo Gobierno
informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información
pública.
11. Colusión de empleados.
Cuando un individuo, o un grupo,
se pone de acuerdo con otros individuos para celebrar contratos, convenios o
arreglos cuyo objeto o efecto sea obtener beneficios o ventajas indebidos.
12. Políticas de transparencia.
La transparencia política es una cualidad de la actividad
pública que consiste en la apertura del Sector público a la
divulgación de información acerca de su gestión. Una de las características de
un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos (la
Jefatura del Estado, el Gobierno, el Parlamento, el sistema judicial y las
administraciones, empresas y fundaciones públicas) de dar cuenta a la
ciudadanía de todos sus actos, especialmente del origen y el destino de los
recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los casos de
incompetencia y de corrupción política.
13. Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas significa
que las personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público,
privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad del adecuado
cumplimiento de sus funciones.
14. Auditores a modo.
“A modo” es un término coloquial
que se utiliza dentro de la política para referirse a algún funcionario público
elegido o impuesto al gusto de los intereses particulares o personales de un
grupo político, funcionario, etcétera.
Un “auditor a modo” es
normalmente impuesto o designado al cargo de un órgano interno de control o un
ente fiscalizador por la misma persona que será investigada, auditada o
fiscalizada, siguiendo los intereses del funcionario por el que fue designado.
15. Participación ciudadana.
Conjunto de mecanismos para que
la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente sin
necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido
político.
16. Abuso de funciones.
Tiene lugar cuando un dirigente,
un superior o una autoridad se aprovecha de su cargo y de sus
atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia
o subordinación.
Esto sucede en casos donde se
utilizan corporaciones de la fuerza pública para impedir la ejecución de la
ley, una resolución judicial o el cobro de impuestos; se retrasa o niega un
servicio a un particular cuando se tiene la obligación de otorgarlo; se obtiene
o solicita sin derecho o causa legítima parte del sueldo o remuneración de sus
subalternos; y en la coalición de servidores públicos para tomar medidas
contrarias a una ley o reglamento.
17. Tráfico de influencias.
Sucede cuando cualquier persona,
particular o servidor público, tiene la capacidad de influir sobre otro actor
para que lleve a cabo un acto en beneficio de él o de un tercero.
18. Conflicto de interés.
Son aquellas situaciones en las
que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o
ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente
influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo
económico o personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de
intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus
decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero.
19. Contraloría social.
La Ley General de Desarrollo
Social establece que la Contraloría Social es “el mecanismo de los
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los
programas de desarrollo social”; e indica, en el artículo 70, que “El Gobierno
Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el acceso a la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones”.
20. Entes públicos.
El ente público es aquel que tiene las atribuciones para asumir
derechos, y contraer obligaciones derivadas de las facultades que le confieren
los marcos jurídicos y técnicos que le apliquen; es decir, que maneje, utilice,
recaude, ejecute o administre recursos públicos.
21. Fiscalización.
Es el proceso de revisar, auditar
y vigilar a detalle la congruencia entre los objetivos planteados y las metas
alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y
beneficios económicos, adecuación programática y endeudamiento en cada uno de
los entes de la administración pública y los Poderes de la Unión, en cada
ejercicio fiscal. Implica controlar las actividades del Estado para confirmar
que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad.
22. Información asimétrica.
La asimetría de información ocurre cuando una parte tiene más información
que su contraparte acerca de las características del bien o servicio que es
objeto de la transacción.
23. Derecho a la información.
El Estado debe garantizar el
derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener
y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones
(oral, escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la información
constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de
transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia.
24. Órganos garantes Federal y Estatal en materia de Transparencia y
Acceso a la Información.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, INAI.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales del Estado de Guerroro, ITAIGro.
FUENTES DE CONSULTA
Economipedia. (s.f.). Paríso Fiscal. Obtenido de
https://economipedia.com/definiciones/paraiso-fiscal.html
EDOMEX. (s.f.). ¿Qué es transparencia? Obtenido de
http://edomex.gob.mx/que_es_transparencia
Gestiopolis. (s.f.). Accountability en la gestión pública.
Obtenido de https://www.gestiopolis.com/accountability-en-la-gestion-publica/
INAI. (s.f.). Curso sobre la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Obtenido de
http://cevifaipublica.ifai.org.mx/cursos/lftaip2/linea-de-tiempo.html
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la Información y Protección de Datos Personales. Obtenido de
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
ITAIGro. (s.f.). Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. Obtenido
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NEXOS. (26 de Abril de 2018). Glosario de la Corrupción.
Obtenido de https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=120
PRODECON. (s.f.). Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente. Obtenido de http://www.prodecon.gob.mx/
SFP. (s.f.). ¿Qué es corrupción? Obtenido de
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion
SHPC. (s.f.). Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Obtenido de https://www.gob.mx/hacienda
SIL. (s.f.). Sistema de Información Legislativa. Obtenido de
Gobernabilidad: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=112
SNT. (s.f.). Sistema Nacional de Transparencia. Obtenido de
http://snt.org.mx/
TM. (s.f.). Transparencia Mexicana. Obtenido de
https://www.tm.org.mx/
INTEGRANTES DEL EQUIPO
- Bello Alarcón Apolo
- Castro Ahuexoteco Alma Delia
- García Cueto Joan Samuel
- Mancilla Contreras Itzel Navid
- Vargas Garcia Ana Coral
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